Darío Martínez, diputado provincial y exsecretario de Energía, advierte sobre los riesgos ambientales del Plan Andes de YPF, que busca transferir áreas hidrocarburíferas convencionales en Neuquén. Exige garantías concretas, como la implementación de un seguro de caución, para asegurar que las empresas asuman los costos de remediación y cierre de pozos, evitando que los pasivos recaigan sobre la provincia.
Medio Ambiente15/01/2025
Desafío Energético
El Plan Andes, impulsado por YPF para transferir áreas hidrocarburíferas maduras y enfocarse en el desarrollo de Vaca Muerta, ha desatado un fuerte debate en la provincia de Neuquén. Darío Martínez, diputado provincial y exsecretario de Energía de la Nación, se ha posicionado como una de las voces críticas, exigiendo que la estrategia no ignore los pasivos ambientales acumulados durante décadas de explotación.
Un plan que prioriza las finanzas, no el medio ambiente
Para el legislador esta decisión de YPF tiene sentido desde el punto de vista financiero: "ya que elimina la contingencia de los pasivos ambientales aumentando el valor global de la empresa y su calificación crediticia" señaló.
Sin embargo, Martínez ha advertido que este enfoque desatiende las consecuencias locales.
“YPF no puede sacarse de encima la responsabilidad contractual que le imponen las diferentes concesiones. Deben garantizar la remediación de los pasivos generados durante décadas de actividad que les facilitaron ganancias multimillonarias, así como la financiación del cierre definitivo de los pozos”.
En Neuquén, las áreas incluidas en el Plan Andes, como los clústeres Neuquén Norte y Neuquén Sur, presentan un desafío ambiental significativo. Estas zonas contienen un total de 31 pozos a abandonar y 21 situaciones ambientales críticas, muchas de ellas sin remediación. Los altos costos operativos, combinados con una producción declinante, agravan aún más el panorama.
Martínez señaló también que "es bienvenido para Neuquén que otras empresas de menor envergadura, entre las cuales algunas son de origen provincial, continúen haciendo producir esos yacimientos que a YPF le resultan antieconómicos, pero que aún tienen crudo para extraer con distintas técnicas, manteniendo la actividad y el empleo, incluso, con los regímenes distintivos de producción y de promoción que necesiten".
El pedido de un seguro de caución
Consciente de los riesgos que implica esta transferencia de áreas, Martínez presentó un proyecto de ley que condiciona la aprobación de cualquier operación a la presentación de un seguro de caución a favor de la provincia. “La aprobación de estas operaciones de venta debe estar condicionada a un mecanismo que permita financiar los trabajos de remediación y cierre de pozos a costa íntegramente de las empresas”, explicó. Este seguro cubriría tanto los costos de los pasivos ambientales existentes como los del cierre definitivo de pozos activos, inactivos o abandonados.
El legislador también subrayó que la obligación de remediar no puede recaer sobre la provincia ni los neuquinos: “Está muy bien que YPF apunte a optimizar su utilidad, pero no a costa de incumplir su responsabilidad ambiental con los neuquinos”.
El rol del gobierno provincial
Martínez llamó al gobierno provincial a adoptar una postura firme en la defensa de los intereses ambientales de Neuquén. “Es necesario condicionar cualquier aprobación por parte del Gobierno Provincial a garantizar el cumplimiento de estas obligaciones”, insistió.
En su opinión, el Ejecutivo debe exigir que tanto YPF como las nuevas operadoras asuman plena responsabilidad por los impactos ambientales de sus operaciones.
Mientras la industria celebra la perforación más larga en tiempo récord, una excelente noticia para el desarrollo de Vaca Muerta, la Confederación Mapuche advierte sobre el costo ambiental que se oculta: millones de metros cúbicos de residuos sin control, pozos sumideros en zonas de perilagos y un Estado con insuficiente fiscalización.
El hallazgo de petróleo en Lunlunta revela los desafíos de gestionar pasivos ambientales en áreas petroleras maduras. Con un impacto ambiental significativo y en medio de una transición operativa hacia Petróleos Sudamericanos, el caso evidencia la necesidad de inversiones responsables y políticas ambientales más estrictas para garantizar la sostenibilidad en Mendoza.
El caso involucra una manipulación a gran escala que socavó los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y ha puesto en tela de juicio la confiabilidad de los sistemas de compensación de emisiones.
En una carta entregada a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la Confederación Mapuche de Neuquén instó a que se investigue a las empresas de fracturación hidráulica que operan en Vaca Muerta, Patagonia, y que cotizan en bolsas de valores estadounidenses. La comunidad, encabezada por Jorge Nawel, denuncia los graves impactos “ambientales, sociales y culturales” de estas actividades y pide que se informen a los inversores sobre los riesgos de operar en esa región.
La primera demanda de este tipo busca responsabilizar a una de las empresas petroquímicas más grandes del mundo por engañar al público sobre la reciclabilidad del plástico y contaminar el medio ambiente y las comunidades de California.
La realidad virtual (VR) está emergiendo como una herramienta revolucionaria para la formación y optimización operativa en la industria del petróleo y gas.
El año 2024 consolidó un cambio de paradigma en el sector energético argentino, con un impulso hacia la desregulación y la inversión privada. Sin embargo, la salida de Petronas del proyecto de GNL y las demoras en infraestructura y tarifas revelan vulnerabilidades estructurales. Al mismo tiempo, nuevas leyes ambientales apuntan a modernizar el sector, pero enfrentan resistencias y desafíos técnicos.
Vaca Muerta cerró el 2024 con un crecimiento del 20% en etapas de fractura, alcanzando 17,796 operaciones y consolidándose como el motor energético de Argentina. Luciano Fucello, country manager de NCS Multistage, anticipa que la eficiencia operativa y las nuevas inversiones podrían llevar al sector a un nuevo nivel en 2025, pese a desafíos estructurales y regulatorios.
La empresa española desarrollará la ingeniería, compras y gestión de la construcción de una terminal de almacenamiento y despacho de hidrocarburos en Punta Colorada, Río Negro.
El hallazgo de petróleo en Lunlunta revela los desafíos de gestionar pasivos ambientales en áreas petroleras maduras. Con un impacto ambiental significativo y en medio de una transición operativa hacia Petróleos Sudamericanos, el caso evidencia la necesidad de inversiones responsables y políticas ambientales más estrictas para garantizar la sostenibilidad en Mendoza.
Las últimas declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, sobre la intención de impulsar un ambicioso plan nuclear han sacudido el escenario político, energético y económico nacional. Según Milei, el objetivo es transformar a la Argentina en una potencia nuclear, en parte para enfrentar el creciente consumo eléctrico que generará la expansión de la inteligencia artificial.
Tras años de almacenamiento de residuos petroleros, las tierras de COMARSA serán recuperadas para loteos residenciales, marcando un paso clave hacia un desarrollo urbano sostenible y ambientalmente responsable en Neuquén.
Darío Martínez, diputado provincial y exsecretario de Energía, advierte sobre los riesgos ambientales del Plan Andes de YPF, que busca transferir áreas hidrocarburíferas convencionales en Neuquén. Exige garantías concretas, como la implementación de un seguro de caución, para asegurar que las empresas asuman los costos de remediación y cierre de pozos, evitando que los pasivos recaigan sobre la provincia.
La Cooperativa CALF firmó este miércoles 15 de enero nuevos contratos con las empresas Meditel Redes FTTH SRL y Conectorizar SRL, para el tendido de la red de fibra óptica que permitirá modernizar y mejorar los servicios de internet a los hogares de la zona sur y centro de la ciudad
Mientras la industria celebra la perforación más larga en tiempo récord, una excelente noticia para el desarrollo de Vaca Muerta, la Confederación Mapuche advierte sobre el costo ambiental que se oculta: millones de metros cúbicos de residuos sin control, pozos sumideros en zonas de perilagos y un Estado con insuficiente fiscalización.