Desafío EnergéticoLa actividad sísmica volvió a instalarse en la discusión sobre el desarrollo de Vaca Muerta después de una semana en la que, según el Observatorio de Sismicidad Inducida, se registraron 19 movimientos entre el domingo previo y el 2 de octubre.
Javier Grosso, geógrafo e integrante del organismo, explicó en Desafío Energético que el dato de 73 eventos que había sido difundido días antes ya había quedado desactualizado.
“Hoy lo llevamos a 82”, indicó durante la entrevista, al referirse a los sismos contabilizados durante 2026 en sectores de la provincia vinculados con actividad hidrocarburífera. También señaló que durante los meses anteriores se había producido un período de menor actividad registrada.
Grosso puso especial atención sobre la distribución temporal y geográfica de los últimos movimientos.
Según explicó, varios de los eventos se localizaron aproximadamente 25 kilómetros al noreste de Añelo y algunos alcanzaron magnitudes de 3,2 y 3,3. Remarcó además que se produjeron a profundidades reducidas, del orden de los cinco o seis kilómetros.
El investigador sostuvo que durante esa semana aparecieron dos concentraciones principales: una en cercanías de Sauzal Bonito y otra en una zona donde, de acuerdo con el relevamiento del Observatorio, se estaban realizando operaciones de fractura hidráulica.
Grosso definió la sucesión como un “enjambre sísmico”.
“Un enjambre sísmico, una seguidilla sísmica, remite a un proceso de liberación de energía con epicentros muy cercanos”, explicó. También señaló que se trata de eventos que se producen en un período de tiempo relativamente breve.
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la posible relación entre estos movimientos y las operaciones de fractura hidráulica.
Grosso sostuvo que para el Observatorio esa vinculación está suficientemente documentada y señaló que las propias compañías utilizan protocolos de control conocidos como “semáforos sísmicos”.
La afirmación corresponde a la interpretación técnica del Observatorio de Sismicidad Inducida. Durante la entrevista, Grosso planteó que existe una asociación entre los epicentros registrados y zonas donde se realizan fracturas hidráulicas o inyección en pozos sumideros.
Al comparar 2026 con el año anterior, afirmó que, para igual período, el registro acumulado de este año ya superaba al de 2025. También sostuvo que la evolución de la sismicidad observada por el grupo acompaña el crecimiento de las etapas de fractura y de nuevos pozos.
“Más fracturas, más sismos”, resumió Grosso, expresando la interpretación que sostiene el Observatorio.
El aumento en la cantidad de eventos no implica necesariamente que los movimientos registrados en 2026 hayan sido más intensos.
Grosso aclaró que, al comparar con períodos como 2020 y 2021, hubo entonces eventos de mayor magnitud y sostuvo que hasta los episodios registrados durante la semana de la entrevista las magnitudes de 2026 habían sido, en términos generales, inferiores a las de otros momentos.
En ese contexto mencionó el caso de un movimiento que inicialmente fue informado con magnitud 4,3 y posteriormente recalculado en 3,3. Grosso destacó la relevancia de esa diferencia porque los valores de magnitud forman parte de los criterios utilizados en los protocolos operativos de respuesta sísmica.
Otro de los ejes abordados fue el acceso a los datos.
Grosso diferenció entre las estaciones vinculadas a organismos públicos y una red de equipos pertenecientes a compañías privadas. Según explicó, existe información generada por sismógrafos de empresas que es procesada para la aplicación de sus propios protocolos, pero que no se encuentra disponible públicamente.
También sostuvo que una mayor apertura de esos registros permitiría disponer de un panorama más completo sobre la actividad sísmica de la cuenca.
El geógrafo añadió que los movimientos de magnitud inferior a 2,5 pueden resultar relevantes para el análisis científico aun cuando no tengan el mismo potencial de impacto que los eventos mayores, porque permiten observar patrones y concentraciones alrededor de determinadas zonas de actividad.
Grosso fue cauto cuando se le preguntó si la información acumulada permite predecir futuros movimientos.
“Es muy difícil”, respondió.
Explicó que la fractura hidráulica puede modificar las condiciones de esfuerzo del subsuelo, pero que no es posible establecer con precisión dónde, cuándo o con qué magnitud se liberará la energía acumulada.
Según indicó, el Observatorio trabaja sobre aproximadamente 670 eventos registrados y analizados y encuentra recurrencias espaciales y temporales en proximidad de pozos en fractura o de pozos sumideros, pero esa información no permite predecir un terremoto concreto.
Consultado específicamente por la posibilidad de que los movimientos se produzcan cerca de centros urbanos, Grosso mencionó el caso de Añelo.
Señaló que entre fines de mayo y comienzos de junio se registraron varios días consecutivos con temblores y afirmó que en ese período se desarrollaban operaciones de fractura en las inmediaciones.
A partir de esa situación, propuso analizar la creación de áreas de preservación alrededor de determinadas localidades y avanzar en educación sísmica para la población.
“No tiene ningún sentido plantear una cuestión catastrófica”, aclaró, pero al mismo tiempo sostuvo que tampoco considera adecuado negar o excluir el tema de la discusión pública.
Grosso explicó que existen mecanismos operativos destinados a disminuir el riesgo, aunque remarcó que no pueden eliminarlo.
El denominado “semáforo sísmico” modifica el ritmo de las operaciones cuando comienzan a aparecer determinados eventos. En lugar de continuar fracturando con la misma intensidad, el protocolo puede disponer una reducción o espaciamiento de las etapas para disminuir la presión inducida sobre el subsuelo.
“Funciona y de hecho es efectivo”, sostuvo Grosso, aunque inmediatamente aclaró que “no reduce el riesgo sísmico, no impide el sismo”, sino que constituye una herramienta de mitigación.
Para el integrante del Observatorio, la expansión proyectada de Vaca Muerta hace necesario incorporar la cuestión sísmica dentro de la regulación y de la planificación pública.
Su planteo apunta particularmente a mejorar el acceso a los registros, establecer criterios preventivos y generar mecanismos de control que no dependan exclusivamente de las compañías.
La entrevista deja, en ese sentido, dos planos diferentes. Por un lado, el crecimiento del número de movimientos que releva el Observatorio y la interpretación técnica que el grupo realiza sobre su relación con la actividad hidrocarburífera. Por otro, la necesidad de contar con información pública suficiente para evaluar de manera independiente la evolución del fenómeno.
