La resolución, firmada el 1 de noviembre de 2024 por Leticia Inés Esteves, Secretaria de Ambiente, derogó normativas clave sobre sistemas de contención en actividades hidrocarburífera, lo que generó controversia en el sector
Actualidad08/11/2024 Adrian Giannetti
Un recurso jerárquico presentado al ministro de Energía de la provincia, Marcelo Medele, por la firma Environmental Services SRL cuestiona la validez de la Resolución RESOL-2024-159-E-NEU-SAMB#MERN, emitida por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén. La resolución, firmada el 1 de noviembre de 2024 por Leticia Inés Esteves, Secretaria de Ambiente, derogó normativas clave sobre sistemas de contención en actividades hidrocarburífera, lo que generó controversia en el sector.
La resolución fue emitida de manera exprés, en un proceso que tomó solo tres días: en ese breve plazo se creó el expediente, se emitieron los dictámenes técnicos y legales, y la resolución fue firmada desde Bruselas, Bélgica, donde Esteves se encontraba disertando sobre “transición energética”.
Antecedentes del Caso
Según la presentación firmada por el representante legal de la empresa, la resolución se aprobó de manera acelerada, completando el trámite en solo cinco días hábiles. El proceso incluyó la emisión de un informe técnico, un dictamen legal y el proyecto de resolución en un solo día, dejando sin efecto las Resoluciones N° 506/14, 982/14 y 561/15, que regulaban la contención de derrames en la industria. La firma sostiene que el procedimiento careció de una revisión exhaustiva, consulta pública y evaluación de impacto socioeconómico.
La resolución fue oficializada el 5 de noviembre tras su publicación en el Boletín Oficial, y desde entonces, genera inquietudes entre las empresas afectadas.
Cuestionamientos Principales
El recurso plantea cinco puntos clave para solicitar la nulidad de la resolución:
1. Vicio de Competencia
El recurso argumenta que la Secretaría de Ambiente carece de facultades para modificar normativas ambientales relacionadas con actividades hidrocarburíferas. Según la Ley 3420, la autoridad competente en esta materia es el Ministerio de Energía y Recursos Naturales. La emisión de la resolución por parte de un órgano no autorizado viola los principios de jerarquía administrativa.
2. Falta de Justificación Técnica y Legal
La resolución se limita a declarar las normativas previas “superadas” sin un análisis técnico detallado que respalde esta afirmación. La Ley 1284 de Procedimientos Administrativos exige motivaciones claras, las cuales, según el recurso, no se encuentran presentes.
3. Impacto Socioeconómico Ignorado
La derogación abrupta de normativas podría afectar directamente a las empresas proveedoras de sistemas de contención y a sus empleados. El recurso sostiene que el cambio normativo pone en riesgo empleos y operaciones sin ofrecer alternativas claras, vulnerando el principio de razonabilidad.
“Es un despropósito que decisiones que afectan a la estabilidad de más de 100 familias se tomen a la distancia, sin aviso alguno y en tiempo récord”, afirman voceros del sector. Al publicarse únicamente en el Boletín Oficial, sin ningún aviso previo, las empresas se encontraron de golpe con una normativa que cambia drásticamente las reglas, dejando en riesgo la estabilidad de una industria que requiere previsibilidad y seguridad jurídica.
4. Ausencia de Consulta Pública
El recurso subraya la falta de participación de las empresas afectadas en el proceso de elaboración de la resolución, incumpliendo las disposiciones legales que garantizan la transparencia y la participación ciudadana en decisiones de impacto público.
Voceros del sector hicieron un llamado urgente a revisar estas políticas:
“Necesitamos que las decisiones se tomen con responsabilidad, basadas en estudios y procesos claros, no desde Bruselas mientras se ignora la realidad local”.
5. Seguridad Jurídica Comprometida
La anulación de las normativas previas sin una transición adecuada genera incertidumbre en el sector. Esto afecta derechos adquiridos y vulnera el principio de confianza legítima, que protege a los administrados frente a cambios regulatorios abruptos.
“Es evidente que hay intereses detrás de esta decisión que nada tienen que ver con la protección ambiental. En lugar de basarse en estudios de impacto o en consultas con expertos en la región, esta resolución parece orientada a relajar los requisitos que las petroleras deben cumplir, sin importar los efectos en las familias y empresas de la región”, expresan los voceros de las empresas afectadas.
Implicancias del Caso
La resolución cuestionada regula aspectos críticos de las operaciones en Vaca Muerta, un área clave para el desarrollo hidrocarburífero en Argentina. El recurso presentado pone de relieve la importancia de un marco normativo estable y bien fundamentado para garantizar la seguridad jurídica de las empresas y la sostenibilidad ambiental de la región.
Más de 100 familias dependen directamente de las empresas de servicios ambientales, mientras que cientos más lo hacen de manera indirecta. La resolución no solo amenaza sus fuentes de empleo, sino que crea un clima de inseguridad jurídica, dejando en el aire a empresas que operaban bajo normativas previamente establecidas.
Este caso podría sentar un precedente en la relación entre la industria hidrocarburífera y las autoridades ambientales, destacando la necesidad de procesos transparentes, con participación de todas las partes interesadas.
Fuentes: Presentación de recurso jerárquico por Environmental Services SRL.
Ley 1284 y Ley 3420 de la Provincia de Neuquén.
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