Vaca Muerta sin ciencia: producir más para depender más

La denuncia está contenida en una carta abierta difundida a fines de julio, impulsada por el investigador Alberto Kornblihtt y la física y diputada nacional Adriana Serquis. Al cierre de las primeras publicaciones reunía más de 2.600 adhesiones y las firmas de al menos 24 premios Nobel. Algunos medios contabilizaron posteriormente 25, una diferencia explicable porque la convocatoria permanecía abierta.

Entre los firmantes aparecen Paul Nurse, Nobel de Medicina en 2001 y presidente de la Royal Society desde el 1 de diciembre de 2025; Steven Chu, Nobel de Física y exsecretario de Energía de Estados Unidos; Harvey Alter, distinguido por su participación en el descubrimiento del virus de la hepatitis C; y Victor Ambros, Nobel de Medicina en 2024.

No es la primera advertencia internacional. En marzo de 2024, 68 ganadores del Premio Nobel ya habían expresado su preocupación por los recortes presupuestarios aplicados al CONICET, las universidades y otros organismos científicos argentinos. En aquel momento hablaron de un sistema que se acercaba a un “peligroso precipicio”. 

Dos años después, la discusión ya no puede reducirse a una disputa retórica entre el Gobierno y los investigadores. Existen datos que permiten medir el deterioro.

Menos presupuesto y menos trabajadores

El análisis más reciente del Grupo EPC-CIICTI, elaborado con la ejecución presupuestaria acumulada durante el primer semestre de 2026, proyecta que la Función Ciencia y Técnica de la Administración Pública Nacional representará aproximadamente el 0,151% del Producto Bruto Interno.

El mismo informe calcula que, al finalizar 2026, la inversión habrá disminuido un 46,5% en términos reales respecto de 2023. La ejecución del CONICET caía un 7% interanual durante el primer semestre y su presupuesto proyectaba una reducción acumulada cercana al 35% en tres años. Estos porcentajes son estimaciones del Grupo EPC-CIICTI basadas en el crédito vigente, la ejecución presupuestaria, la inflación y la evolución esperada del PBI; no deben confundirse con cifras definitivas de cierre del ejercicio. 

También existe una modificación legal de fondo.

La Ley 27.614, sancionada en 2021, había establecido una trayectoria progresiva para llevar la inversión nacional en ciencia y técnica al 1% del PBI en 2032. Para 2026 fijaba una meta del 0,52%.

Sin embargo, la Ley de Presupuesto 27.798 derogó, a partir del ejercicio fiscal 2026, los artículos 5, 6 y 7 de aquella norma. Fueron eliminadas la meta del 1%, la escala anual de crecimiento y la garantía que impedía asignar menos recursos nominales que en el año anterior. Por lo tanto, la distancia entre el 0,52% originalmente previsto y el 0,151% actualmente proyectado ya no es solamente un incumplimiento presupuestario: el propio Congreso eliminó la obligación legal que imponía ese sendero de financiamiento. 

El retroceso también se observa en el empleo.

Un informe del Grupo EPC calculó que el sistema científico público pasó de 75.057 puestos en diciembre de 2023 a 68.730 en marzo de 2026. La diferencia neta es de 6.327 puestos, equivalente a un promedio de 7,7 por día.

La cifra incluye personal de organismos de la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades estatales vinculadas con la ciencia, becarios y cargos docentes universitarios de dedicación exclusiva. También debe aclararse que los datos universitarios disponibles no tienen la misma actualización mensual que los de los organismos nacionales.

Es una precisión metodológica importante: no todas las bajas son necesariamente despidos directos. También pueden corresponder a retiros, jubilaciones, contratos no renovados, becas finalizadas o vacantes que dejaron de cubrirse. Pero para medir la capacidad del sistema el resultado es semejante: hay menos personas investigando, desarrollando tecnología o prestando asistencia técnica.

La explicación oficial

El Gobierno presenta este proceso como una reorganización destinada a reducir burocracia, estructuras duplicadas y gastos considerados innecesarios.

El Decreto 655/2026 sobre la Comisión Nacional de Energía Atómica es un ejemplo. El texto oficial señala que la CNEA tenía 645 unidades organizativas y sostiene que existía un “sobredimensionamiento” de su estructura funcional. El decreto aprobó un nuevo organigrama de primer nivel y estableció límites para las gerencias, subgerencias, departamentos y divisiones inferiores.

Sería incorrecto afirmar que el decreto dispone expresamente cientos de despidos: no lo hace.

Pero también sería insuficiente analizarlo como una simple modificación de casilleros administrativos. La reorganización se produce en un contexto en el que la CNEA ya perdió trabajadores, capacidad salarial y recursos presupuestarios. Según el Grupo EPC-CIICTI, el organismo había reducido su planta en 494 puestos desde diciembre de 2023 y proyectaba para 2026 una caída presupuestaria real cercana al 48% en tres años. Son cálculos de una entidad académica independiente, no datos presentados por el Gobierno. 

Todo Estado tiene derecho a revisar sus estructuras. El problema aparece cuando la palabra “eficiencia” se utiliza para describir cualquier reducción, sin medir qué funciones, capacidades o conocimientos se pierden en el camino.

La eficiencia no debería evaluarse por la cantidad de oficinas eliminadas, sino por la capacidad que conserva un organismo para cumplir su misión.

El impacto concreto en Neuquén

Para Neuquén, esta discusión tiene una importancia particular.

El último informe presupuestario del Grupo EPC calcula que la ejecución territorial de la Función Ciencia y Técnica en la provincia cayó un 76,7% en términos reales entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2026. El estudio atribuye buena parte de esa reducción a la desaparición o retracción de programas de infraestructura, equipamiento y transferencias federales. 

Nuevamente, se trata de una estimación elaborada por el Grupo EPC a partir de la ejecución presupuestaria y debe ser presentada con esa atribución. Pero su magnitud obliga a preguntarse qué modelo de desarrollo se está construyendo en la provincia que concentra la principal expansión energética del país.

Vaca Muerta no funciona solamente con capital, equipos de perforación y disponibilidad geológica. Necesita especialistas en geología, ingeniería, química, física, materiales, metrología, seguridad industrial, tratamiento de aguas, biodiversidad, ordenamiento territorial y control ambiental.

El INTI mantiene áreas de trabajo en energía, minería, petróleo y gas, y presta servicios de ensayos, medición, calidad y certificación para estas industrias. El SEGEMAR produce cartografía y estudios geológicos de la Cuenca Neuquina. Institutos vinculados al CONICET y a las universidades públicas investigan la geología regional, los ecosistemas, el agua, la biodiversidad y las transformaciones sociales producidas por la explotación hidrocarburífera.

Esto no significa que todos los desarrollos utilizados en Vaca Muerta hayan surgido de organismos públicos argentinos. Buena parte de la tecnología de perforación y fractura hidráulica pertenece a compañías internacionales. Precisamente allí se encuentra el problema.

Extraer no es desarrollar

Una economía puede incrementar su producción de petróleo y, al mismo tiempo, aumentar su dependencia tecnológica. Puede exportar crudo, pero importar equipos. Puede vender gas, pero contratar ingeniería extranjera.

Puede formar geólogos, físicos e ingenieros durante años y luego perderlos porque encuentran mejores condiciones laborales fuera del país.

Puede alcanzar récords de producción sin controlar una parte significativa de las patentes, el software, los materiales, los sistemas de medición y los conocimientos que hacen posible esos récords. Eso permite generar divisas, pero no garantiza desarrollo autónomo.

Las empresas privadas cumplen una función imprescindible, pero investigan prioritariamente aquello que tiene una rentabilidad previsible. El sistema público debe estudiar también los problemas que no siempre producen ganancias inmediatas: el impacto acumulativo sobre el agua, la restauración ambiental, la biodiversidad, la seguridad de las instalaciones, la salud de las poblaciones, el desarrollo de proveedores locales y las alternativas productivas para cuando disminuya la explotación de los hidrocarburos.

Sin capacidad científica propia, el Estado pierde herramientas no solamente para innovar, sino también para controlar.

La advertencia que Neuquén no debería ignorar

La carta firmada por premios Nobel no convierte automáticamente en indiscutible cada una de las afirmaciones de sus impulsores. El prestigio de los firmantes no reemplaza la necesidad de revisar presupuestos, leyes y estadísticas.

Pero una vez realizado ese chequeo, el cuadro central se mantiene: la inversión pública en ciencia se encuentra en un mínimo histórico, la estructura de empleo científico se redujo, los salarios perdieron poder adquisitivo y fueron derogadas las metas legales que obligaban a incrementar el financiamiento.

En una provincia que aspira a convertirse en plataforma energética internacional, debilitar la producción de conocimiento significa aceptar que otros países y otras empresas aporten la tecnología, las patentes y las decisiones estratégicas.

Neuquén aportará el petróleo, el gas, el agua, las rutas y el territorio. Otros aportarán la inteligencia tecnológica y cobrarán por ella. Podremos producir más energía, pero tendremos menos capacidad para decidir cómo producirla, cómo controlar sus consecuencias y cómo transformar esa riqueza en una economía diversificada.