Vaca Muerta acelera y obliga a reforzar los controles ambientales en Neuquén

La expansión proyectada de Vaca Muerta plantea una pregunta que ya no puede quedar relegada frente a los récords de producción y las nuevas obras de transporte: ¿está preparada Neuquén para controlar y gestionar el impacto ambiental de una actividad que se dispone a multiplicar su escala? Para el secretario de Ambiente y Recursos Naturales de la provincia, Hipólito Salvatori, ese crecimiento obligará a fortalecer los controles, ampliar el tratamiento de residuos y promover una utilización más eficiente del agua.

Durante una entrevista con Desafío Energético, el funcionario explicó que la actual estructura provincial busca integrar la gestión de la tierra, los minerales, el agua y el ambiente dentro del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales. La intención, señaló, es que los organismos vinculados con esas áreas puedan intervenir de manera coordinada frente al desarrollo hidrocarburífero, minero, productivo, inmobiliario y turístico.

“Lo que se busca es una integración entre todos estos organismos, ya sea para el sector industrial, para el sector productivo, el turismo, la construcción, todos los motores económicos que tiene esta provincia, poder trabajar en conjunto con ellos en ese desarrollo sustentados por el medio ambiente”, afirmó Salvatori.

Más inspecciones y nuevas herramientas tecnológicas

El secretario reconoció que la expansión de las actividades económicas hace que los equipos de control siempre resulten insuficientes. Frente a esa limitación, indicó que la Provincia está incorporando tecnología para aumentar la capacidad de fiscalización y hacer más eficiente el trabajo del Estado.

“Cualquier equipo de trabajo siempre te va quedando chico, por eso se empiezan a incorporar herramientas tecnológicas como para hacer más eficiente el Estado”, señaló.

Según detalló, la Secretaría cuenta con siete drones destinados a tareas de inspección, medición de volúmenes, evaluación de derrames y control de movimientos de suelo. A estas herramientas se suman imágenes satelitales, equipos de macromedición, procedimientos de análisis de datos e inteligencia artificial.

Las tareas están distribuidas entre áreas especializadas en hidrocarburos, residuos especiales, recursos hídricos, cambio climático, áreas naturales protegidas, minería y tierras. El objetivo es superar los controles aislados y avanzar hacia intervenciones coordinadas entre los distintos cuerpos de inspección.

“Se genera un conglomerado de inspectores que pueden trabajar de manera integral, porque muchas veces se hacían inspecciones de manera sesgada”, explicó.

Salvatori sostuvo que las fiscalizaciones pueden originarse por denuncias ciudadanas, planes de gestión ambiental, incidentes, controles regulares o procedimientos aleatorios. Después de cada intervención se analiza si existen desvíos respecto de las condiciones autorizadas y, en caso de comprobarse incumplimientos, pueden disponerse acciones correctivas, preventivas o regulatorias.

El funcionario informó que durante el año pasado se realizaron aproximadamente 850 inspecciones y que entre enero y agosto del año en curso ya se contabilizaron alrededor de 2.400 actuaciones. Aunque se trata de períodos temporales diferentes, las cifras aportadas muestran un incremento importante de la actividad fiscalizadora.

“El año pasado se realizaron unas 850 inspecciones aproximadamente y, en lo que va de este año, de enero a agosto, ya llevamos 2.400 casos de inspecciones”, precisó.

El agua y la necesidad de modificar los incentivos

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el uso del agua por parte de la industria hidrocarburífera. Salvatori sostuvo que los ríos Neuquén y Colorado, principales fuentes utilizadas por la actividad, pertenecen a las cuencas más exigidas de la provincia.

“En el río Neuquén y en el río Colorado es donde principalmente toma agua la industria hidrocarburífera, y es la cuenca más estresada que tenemos a nivel provincia”, afirmó.

En ese contexto, el funcionario defendió el incremento aplicado al canon por captación de agua cruda como una herramienta destinada a desalentar el uso ineficiente del recurso y generar mejores condiciones para el tratamiento y el reúso.

“Si cobramos muy poco en el primer eslabón, nunca vas a promover a que se usen los recursos eficientemente”, sostuvo.

Además de las declaraciones juradas presentadas por las empresas, la Provincia utiliza equipos de macromedición para contrastar los volúmenes informados con registros obtenidos de manera remota.

“No sólo nos basamos en las declaraciones juradas, sino también en equipos de macromedición, que lo que te permiten es tomar datos de manera remota e ir controlando lo que te declaran por declaración jurada con el dato en concreto que te arroja el elemento electrónico”, explicó Salvatori.

Consultado sobre la posibilidad de establecer un canon específico para el agua que, en lugar de ser tratada, termina inyectada en pozos sumideros, el secretario no descartó futuras modificaciones. Sin embargo, sostuvo que el Gobierno provincial busca inicialmente promover proyectos productivos y mecanismos de incentivo antes que incorporar una nueva penalización.

“Nunca se termina de descartar, en definitiva, un nuevo incremento. No es la idea, la industria tiene que ser sostenible, pero sí tenemos que generar las políticas”, respondió.

El problema es tanto económico como ambiental. Mientras resulte más barato captar agua de los ríos y posteriormente disponer los fluidos en pozos sumideros, habrá pocos incentivos para desarrollar una cadena de tratamiento y recuperación.

“Si a vos te era más barato captar el agua cruda del río y la terminabas reinyectando, nunca ibas a promover en el medio”, reconoció el funcionario.

La política provincial, según explicó, apunta a extender esa cadena y evitar que la disposición final sea la alternativa más inmediata y económica. Para ello será necesario que el tratamiento y la recuperación del agua puedan desarrollarse a una escala suficiente y competir con el esquema actual.

Más producción significa más residuos

La situación de los residuos especiales constituye otro de los puntos críticos para el futuro de Vaca Muerta. La construcción de nueva infraestructura permitirá evacuar una cantidad creciente de petróleo y gas, pero esa expansión también incrementará la demanda de agua, insumos y capacidad de tratamiento.

“Hoy en día, si vamos al final de la cadena, tenemos los contratos garantizados para que se evacúe esa producción. Ahora es cómo vamos a llenar esos caños. Para llenar esos caños vamos a tener que aumentar la producción”, explicó Salvatori.

El funcionario fue directo al describir las consecuencias ambientales de ese proceso: “Cuando aumentemos la producción, vamos a requerir más agua y vamos a requerir más tratamiento de residuos”.

Para anticiparse a ese escenario, el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales conformó junto con el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas una mesa de residuos especiales. De ese ámbito surgieron, según informó Salvatori, varios proyectos destinados a ampliar la infraestructura existente.

“De esa mesa de residuos especiales surgieron cinco o seis proyectos que ya se presentaron de plantas de tratamiento para trabajar esos residuos especiales en función del crecimiento que va viniendo, con tecnología de punta, principalmente de orígenes extranjeros, con empresas locales”, afirmó.

Uno de los principales obstáculos es la escala necesaria para que las plantas puedan resultar económicamente viables. Por esa razón, la mesa comenzó a trabajar en esquemas asociativos entre operadoras y generadores de residuos, con el objetivo de reunir un volumen suficiente para sostener nuevas instalaciones.

“De esa mesa surgió la asociación de varias empresas operadoras o generadoras de residuos para que pueda instalarse una empresa que trate todos los residuos de varias operadoras”, detalló.

El modelo asociativo podría convertirse en una herramienta importante para evitar que cada empresa intente resolver individualmente un problema que requiere grandes inversiones, tecnología y volúmenes constantes. También podría abrir oportunidades para que empresas neuquinas participen de una actividad que crecerá junto con la producción hidrocarburífera.

Controles sobre las emisiones de metano

La reducción de las emisiones de metano se incorporó a la agenda provincial no sólo por su impacto climático, sino también porque empieza a formar parte de las condiciones comerciales y financieras exigidas por mercados internacionales.

Salvatori informó que la Provincia comenzó a calibrar cámaras especiales para detectar emanaciones de metano y que se trabajó en la elaboración de una línea de base. Las empresas, agregó, ya confeccionan sus propios reportes internos.

“Empezamos a calibrar con el equipo técnico las cámaras OGI para la detección de gases de metano, las emanaciones de metano. El equipo se empieza a tecnificar, se trabajó en la línea de base, ya las empresas han generado sus reportes internos”, explicó.

El paso siguiente será establecer objetivos provinciales y fortalecer la capacidad de verificación de esos informes. El funcionario remarcó que las exigencias no deben depender únicamente de los compradores internacionales.

“Pueden tener requerimientos internacionales para colocar en el mercado el gas o el hidrocarburo, pero también nosotros tenemos nuestros controlores que van tendiendo a llevar a ese esquema”, señaló.

La eficacia de esta política dependerá de que los datos puedan ser auditados, comparados y puestos a disposición de la sociedad. Los reportes empresariales representan un primer paso, pero no sustituyen la necesidad de contar con información provincial verificable y metas concretas de reducción.

La responsabilidad de los profesionales

El secretario también destacó el trabajo desarrollado con los colegios profesionales. Explicó que se eliminó la doble inscripción que debían realizar quienes ya se encontraban habilitados por sus respectivas entidades y que se avanzó en capacitaciones sobre las exigencias de los estudios ambientales.

“Lo siguiente fue trabajar en capacitaciones con los profesionales, entre la autoridad de aplicación y el colegio de profesionales, para capacitar en qué se requiere, qué se está solicitando, cuál es el nivel de exigencia”, indicó.

Salvatori subrayó especialmente la responsabilidad de quienes elaboran, firman y certifican evaluaciones de impacto ambiental, auditorías y estudios de riesgo hídrico.

“Que el colegio tenga las herramientas suficientes de las autoridades de aplicación para devolverle y exigirle al profesional la rigurosidad que se tiene que tener. Que no sea lo mismo presentar las cosas bien que presentar las cosas mal”, afirmó.

En relación con las operadoras, aseguró que los criterios de evaluación deben aplicarse de la misma manera, independientemente de la dimensión o la participación de cada compañía en Vaca Muerta.

“No importa el vínculo con YPF o cualquier operadora. Exactamente el mismo, es una empresa más”, sostuvo.

Empresas locales y capacidades que deben permanecer en Neuquén

Salvatori destacó la relación con las empresas neuquinas dedicadas al saneamiento, la remediación, el monitoreo y el tratamiento de residuos. Según explicó, esas compañías transmiten a la Secretaría problemas detectados en el territorio y colaboran en la identificación de nuevos servicios y necesidades regulatorias.

“Tenemos una retroalimentación continua porque muchas empresas nos van relevando problemáticas y de eso nosotros nos alimentamos para poder generar contralores, nuevas medidas, estas cuestiones regulatorias para hacer procesos más ágiles, más eficientes”, aseguró.

El funcionario consideró que el desarrollo de proveedores locales también permite conservar conocimientos, experiencia y capacidad de respuesta dentro de la provincia.

“El neuquino conoce la idiosincrasia de Neuquén, conoce los costos, conoce cómo moverse, cómo trabajar. Muchas veces empresas foráneas se pueden venir a instalar para ganar un mercado y, si el número no les cierra, se terminan retirando”, señaló.

Educación ambiental y participación ciudadana

La estrategia ambiental también contempla acciones de capacitación en municipios, escuelas, universidades e institutos terciarios. Salvatori mencionó dos ejes principales: la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y la educación vinculada con el cambio climático.

“Hay mucha transferencia de conocimiento hacia los municipios. Principalmente se trabaja con dos ejes. Uno, con la gestión integral de residuos sólidos urbanos”, explicó.

También destacó el trabajo realizado con instituciones educativas para acercar información sobre las nuevas problemáticas ambientales y promover la participación de los jóvenes.

“Trabajamos mucho con instituciones educativas, universidades, institutos terciarios, para empezar a transmitir qué es lo que se está haciendo, cuáles son las nuevas tendencias e incorporarlos en el sentido positivo de los jóvenes, en que este Neuquén es de todos y que tenemos que cuidarlo pensando en el futuro”, afirmó.

Una carrera contra el ritmo de la expansión

La conclusión de Salvatori fue clara: el crecimiento de Vaca Muerta ya no constituye una posibilidad futura, sino un proceso en marcha que podría acelerarse durante el próximo año.

“Esto está pasando, en definitiva”, afirmó. Y frente a la pregunta sobre el ritmo que tendrá esa transformación, agregó: “Todos los indicadores te muestran que el año que viene se va a acelerar y mucho”.

La Provincia sostiene que aumentó las inspecciones, incorporó drones, imágenes satelitales y equipos de medición, y que trabaja en nuevos proyectos para tratar residuos y controlar las emisiones de metano. Sin embargo, todavía quedan interrogantes centrales: cuál será la capacidad efectiva de las nuevas plantas, cuándo comenzarán a funcionar, cuánto volumen de agua podrá recuperarse y de qué manera se harán públicos los resultados de las fiscalizaciones.

La expansión de Vaca Muerta no puede medirse solamente en barriles, metros cúbicos o kilómetros de ductos. También debe calcularse en agua utilizada, residuos tratados, emisiones evitadas y sitios efectivamente remediados. El desafío es que la infraestructura y los controles ambientales crezcan antes que los impactos y no como una respuesta tardía cuando los problemas ya se hayan acumulado.