Declaraciones del ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Gustavo Medele, dan cuenta de que las plantas están sobresaturadas y se evalúa el uso de residuos en obras viales.
Medio Ambiente24/01/2025 (*) Dr. Martín Robledo
El ministro manifestó que están al máximo de capacidad las plantas tratadoras de los residuos peligrosos que generan las operadoras. Dijo que si la actividad de la industria se va a intensificar, realmente estaremos frente a un problema. Declaró que hoy el sector está “estresado” en cuanto al tratamiento de estos residuos, por lo tanto, hay que buscar alternativas.
Una de ellas es la presentada por la empresa AESA, que solicitó la habilitación para un proyecto de disposición final de estos residuos debajo de la cinta asfáltica de las rutas. AESA es controlada por YPF y Medele pasó por ambas empresas, siendo su designación como ministro a cuando Aranguren dejó de ser presidente de Shell en el año 2015 para convertirse en secretario de Energía de la Nación.
Los referentes de las empresas de servicios de tratamiento expresaron preocupación por los dichos del ministro. Ante las consultas, coincidieron en que sus servicios aportaron a la sustentabilidad de la actividad todos estos años, al tener la tarea de descontaminar los residuos producidos por la principal actividad económica de la provincia y la que más esperanzas ofrece al país.
Son varios los desafíos que enfrentan; uno de ellos es la burocracia por las normas, señalada como causa de que no termine de despegar el sector. La actividad está regulada por el decreto provincial 2.263 del año 2015, «Normas para la gestión de residuos especiales», que pasó a formar parte de la ley de ambiente. Aunque bien intencionada y muy útil para controlar los incipientes desarrollos de su época, no se ajusta a la compleja e intensiva realidad de la industria actual.
Actúa como un obstáculo burocrático en lugar de ser una herramienta de gestión ambiental, produciendo saturación y tensión financiera en un sector sobre el que pesa hace años el estigma de «basureros petroleros», paradójicamente sobre quienes deben descontaminar el material generado por Vaca Muerta. Esto afectó gravemente las operaciones, las relaciones comerciales y con las comunidades.
Los grandes volúmenes de residuos (recortes y lodos de perforación) representan la principal problemática. El factor más relevante es la imposibilidad de aplicación de los estándares requeridos, tildados de anacrónicos, pensados para volúmenes significativamente menores. Más que soluciones mágicas o ideas rebuscadas, se requiere una revisión de las regulaciones que pongan en marcha los más de 150 millones de dólares en capacidad instalada que está activa en la provincia.
A esto se suma lo manifestado por el ministro, que entienden como un guiño para que las petroleras realicen su propio tratamiento a través de sus empresas subsidiarias. Esto generó sorpresa, pues consideran que justamente las petroleras, por las condiciones del material que envían a las plantas, y el Estado provincial, con normas de imposible cumplimiento, son los que hacen inviable al sector.
Plantas de Tratamiento: los volúmenes de residuo que reciben
Las plantas de tratamiento reciben más de 350.000 m³/año de residuos en estado casi líquido (recortes y lodos) con alta concentración de gasoil, provenientes de la perforación de pozos. Esto ocurre porque en general no se realiza la separación de la fase líquida en los yacimientos; si se hiciera, se reducirían los volúmenes de residuos peligrosos y la cantidad de camiones en ruta.
Si se realizara dicha separación, además, el material llegaría seco a las plantas, en especificación para ser tratado por métodos térmicos, sin necesidad de las grandes piletas de recepción del material que llega líquido desde los pozos. El motivo para no hacerlo sería la reducción de costos de perforación en detrimento de las consecuencias ambientales.
Por contrato, se les pide a las plantas que, tras el tratamiento, generen un material seco con menos del 1% de hidrocarburos, estándar requerido para su libre disponibilidad en canteras u otros ambientes degradados por la industria. Es una condición que arrastran las petroleras en los pliegos técnicos de contratación hace más de 15 años. En el contexto actual, esto hace que más del 90% de los procesos de tratamiento de las plantas esté concentrado en lo que la petrolera tendría que hacer en el yacimiento: secar el material para ponerlo en especificación.
El engorroso trámite de «Liberación»
Una vez que el material ha sido tratado, la petrolera debe iniciar el trámite administrativo conocido como “Liberación”, solicitando que se apruebe su transporte al sitio de disposición final mediante una resolución del secretario de Ambiente. Este proceso fue útil para la incipiente industria una década atrás, pero hoy implica muestreos de laboratorio, informes técnicos, dictámenes legales y aprobaciones que tardan meses o años en resolverse, con los recursos actuales de la administración.
La autoridad de aplicación aprueba la liberación de menos de 50.000 m³/año en todas las plantas; sin embargo, se acumulan alrededor de 300.000 m³ anuales, lo que genera sobreacumulación de material, cierres y en algunos casos hasta la quiebra de las compañías tratadoras, con riesgo de enfrentar causas penales por «contaminación del ambiente de un modo peligroso para la salud», aun sin haberse evidenciado verdadera contaminación ni denuncias concretas de perjuicios a la salud.
Es evidente también la falta de planificación urbano-ambiental por parte del Estado, que permite urbanizaciones alrededor de las plantas.
En suma, Neuquén posee 6 plantas permanentes de tratamiento y 4 rellenos de seguridad (una oferta de las mayores del mundo para una sola cuenca, con tecnología que en algunos casos aporta la firma Veolia, líder mundial en este rubro). Sin embargo, todo queda opacado por la burocracia administrativa.
Quien pretenda legislar, controlar, denunciar, investigar, judicializar o mediatizar cuestiones relativas a la gestión de estos residuos no puede desconocer las responsabilidades de cada uno de los actores emanadas de la ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos, que en resumen establece que el responsable por el daño que produzcan estos residuos es el generador.
Años atrás, YPF cuestionó el uso de las llamadas mantas oleofílicas y propuso a AESA como empresa que mejoraría la tecnología de absorbente de derrames. Finalmente, la nueva manta oleofílica de AESA se basó en cáscara de maní, sin lograr mayores mejoras en la gestión de derrames, aunque sí acaparó el negocio que criticaba.
En conclusión, la complejidad en la gestión de estos residuos se debe a los enormes volúmenes generados, a la falta de pretratamiento en yacimientos, a exigencias normativas anacrónicas y a procesos administrativos excesivamente lentos para la aprobación del transporte y disposición final. Esto indica que todos los involucrados —generadores, tratadores y el Estado— deben adecuar su rol a la dinámica actual de la industria, de lo contrario, el camino será inviable no solo para las plantas, sino para toda la actividad.
(*) Abogado, Licenciado en Ambiente y Fundador del Estudio Robledo y Asociados. Excoordinador de la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén.
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