Desafío EnergéticoEn el partido bonaerense de Zárate, sobre un predio nuclear bañado por el Paraná, hay una estructura de cemento que resume mejor que cualquier discurso la política energética del gobierno de Javier Milei. Es el CAREM-25 —Central Argentina de Elementos Modulares—, el primer reactor nuclear de diseño íntegramente argentino, con más de cuarenta años de desarrollo científico encima y un avance de obra que rozaba el 85% cuando la nueva administración decidió frenarlo, sin demasiados anuncios, en los primeros días de diciembre de 2023.
Hoy, esa estructura se inunda con cada lluvia. Los profesionales que la construyeron emigran. Y el conocimiento que el Estado financió durante décadas está a punto de ser transferido, a precio de saldo, a empresas privadas del norte.
Para entender lo que está ocurriendo hay que comenzar por el vendedor y el comprador.
Industrias Metalúrgicas Pescarmona —IMPSA— no era cualquier empresa. Fundada en 1907 en Mendoza, construyó turbinas, generadores hidroeléctricos, grúas portuarias y parques eólicos. Tenía presencia en más de veinte países y, en el esquema nuclear nacional, era la encargada de fabricar el recipiente de presión del CAREM: la pieza más crítica del reactor, un componente único, no reemplazable, cuya construcción demandó años de ingeniería de altísima complejidad.
Cuando su situación financiera se hizo insostenible, el gobierno de Alberto Fernández intervino la compañía en 2021 e inyectó fondos públicos para sostenerla como parte del complejo nuclear estratégico. Cuatro años más tarde, el gobierno de Milei decidió venderla. El llamado a licitación se abrió en octubre de 2024. Solo apareció un comprador: ARC Energy, un grupo estadounidense cuya trayectoria en el sector energético es, cuanto menos, modesta. El precio ofertado fue de 27 millones de dólares, pagaderos en cuotas, a cambio de una empresa con capacidad tecnológica nuclear, activos industriales de envergadura y el privilegio de hacerse cargo de una deuda de casi 580 millones de dólares a renegociar.
El negocio fue presentado como la primera privatización exitosa de la era Milei, rubricada en colaboración con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo. Los críticos del proceso fueron más directos: una empresa estratégica del Estado nacional entregada, por menos de lo que vale un campo mediano en la Patagonia, a un grupo de inversores con vínculos estrechos al entorno político del presidente Donald Trump.
La operación que acaba de salir a la luz confirma los peores pronósticos de quienes advirtieron desde el principio que detrás de la venta había algo más que una privatización ordinaria.
Rodolfo Kempf, físico, investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica y especialista en combustibles nucleares y residuos radiactivos, lo sintetiza en una sola frase: el CAREM está siendo desarmado para que ARC Energy, la empresa que se quedó con IMPSA, exporte los recipientes de presión que la Argentina construyó con fondos públicos. En sus palabras, están destripando el proyecto para hacer avanzar un negocio regalado al trumpismo.
El mecanismo es el siguiente. El CEO de IMPSA, Jorge Salcedo, confirmó públicamente durante la llamada Argentina Week —una gira de exhibición de oportunidades de inversión para capitales norteamericanos— que la empresa firmó un acuerdo para exportar componentes nucleares a Estados Unidos. La pieza central de ese acuerdo es la vasija de presión del CAREM, cuya construcción —financiada por el Estado argentino— será completada no para poner en marcha el reactor nacional, sino para exhibirla ante desarrolladores de reactores modulares pequeños en el mercado norteamericano.
El destino de ese mercado no es menor: los SMR —Small Modular Reactors— son la tecnología del momento, impulsada por la demanda energética brutal que generan los centros de datos de inteligencia artificial. Empresas respaldadas por fondos de inversión como Blackrock y Vanguard están compitiendo para desarrollarlos. Y IMPSA, con el conocimiento adquirido durante el proceso de construcción del CAREM, quiere posicionarse como proveedor de sus vasijas de presión, con capacidad declarada de fabricar entre tres y cuatro unidades por año.
Lo que el CEO de IMPSA llama "carta de presentación" es, en términos más precisos, el núcleo tecnológico de un proyecto estatal argentino convertido en insumo para un negocio privado extranjero.
Para terminar la vasija y buscar financiamiento externo, IMPSA solicitó autorización a la CNEA a principios de marzo. La respuesta llegó en apenas tres días, con el visto bueno de la gerenta del área CAREM, María Magdalena Villaverde. Pero la autorización trajo consigo una advertencia que nadie en el gobierno parece haber tomado demasiado en serio.
En la nota oficial, Villaverde recordó que una resolución vigente desde 2009 clasifica como confidencial absolutamente toda la información vinculada al CAREM: su diseño, su construcción, su operación, su mantenimiento, sus procedimientos técnicos y cualquier dato que pueda tener interés comercial. La aclaración no es un formalismo burocrático. Es la constatación, por escrito, de que existe un riesgo real de que información que es propiedad del Estado nacional termine en manos de una empresa privada extranjera sin que nadie rinda cuentas por eso.
Kempf lo pone en términos que no admiten ambigüedad: el recipiente de presión no es una mercancía genérica. Las especificaciones técnicas que hicieron posible su construcción pertenecen al Estado argentino, son el producto de décadas de investigación pública y no pueden simplemente empaquetarse y exportarse como si fueran una partida de madera o de litio.
Lo que hace especialmente grave la situación del CAREM no es solo el episodio puntual de la vasija, sino que refleja un patrón sistemático de desarticulación del complejo nuclear argentino.
Kempf, que observa el proceso desde adentro del sistema, describe una estrategia de fragmentación: meter empresas privadas en cada área, separar lo que siempre estuvo integrado, hacer inviable lo que era eficiente por su carácter sistémico. Ya no se trata solo del CAREM. Hay movimientos para privatizar las centrales nucleares que opera Nucleoeléctrica Argentina, y el propio grupo ARC Energy figura entre los posibles interesados en ese proceso. Un mismo actor privado extranjero podría terminar controlando tanto la fabricación de componentes como la operación de las centrales.
El resultado de ese desguace también se mide en personas. Los ingenieros y científicos que formó el Estado durante años para llevar adelante estos proyectos están emigrando, captados por empresas extranjeras que operan en el mismo nicho tecnológico. Algunas de ellas —como Meitner Energy, representada también en la Argentina Week— se nutren directamente de profesionales formados en la CNEA y el CAREM, quienes ante salarios que no alcanzan para pagar el alquiler y un proyecto paralizado sin fecha de reinicio, toman la única decisión lógica que el sistema les deja.
Todo esto ocurre mientras el mundo va en la dirección exactamente opuesta. Cuando Milei asumió, Argentina tenía uno de los poquísimos reactores modulares pequeños efectivamente en construcción en el planeta. Un informe de la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE comparó veintiún proyectos a nivel global y ubicó al CAREM entre los más avanzados, junto a proyectos de China y Rusia. Era una posición estratégica construida durante décadas de inversión pública y talento científico nacional.
Esa posición se está diluyendo voluntariamente. El gobierno de Milei no está negociando desde la fortaleza de un proyecto nuclear en marcha: está liquidando activos para posicionar a Argentina como proveedor de servicios y componentes para la industria nuclear de otro país. La diferencia entre ambas posiciones no es filosófica. Se mide en royalties, en empleos de calidad, en capacidad de decisión soberana sobre la propia matriz energética.
Omar Adra, representante de Meitner Energy que también expuso en la Argentina Week, lo resumió con una honestidad que sus anfitriones deberían haber encontrado inquietante: estaban ahí para vender Argentina como socio estratégico de Estados Unidos. No como par. Como proveedor.
En los pastizales de Zárate, la estructura del CAREM sigue en pie, por ahora. Pero lo que la sostiene ya no es un proyecto nacional. Es la inercia de un Estado que todavía no terminó de rematar lo que construyó.
