El sindicato petrolero de Santa Cruz exige la reversión inmediata de las áreas operadas por Patagonia Resources

El Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER) exigió este martes al Gobierno Provincial la reversión inmediata de las áreas concesionadas a Patagonia Resources, empresa del Grupo Neuss, tras meses de incumplimientos que incluyeron falta de inversión, trabajadores sin tareas efectivas y despidos en violación de conciliaciones obligatorias vigentes.

En un comunicado firmado por el secretario general Rafael Güenchenen, el gremio detalló una secuencia de rupturas de acuerdos que comenzó desde el primer día de operación de la empresa en áreas que anteriormente estaban bajo control de YPF.

Incumplimientos acumulados desde el inicio

Según el SIPGER, Patagonia Resources recibió áreas con producción activa, infraestructura, contratos, equipos y personal, bajo un pliego que establecía obligaciones concretas, entre ellas la absorción del personal afectado a la actividad. La empresa, sin embargo, no habría cumplido con el traspaso del personal ni con los compromisos de inversión asumidos ante el Estado provincial.

El conflicto escaló en marzo. El 2 de ese mes el sindicato realizó un paro general, al que siguió una conciliación obligatoria que el gremio acató. El 13 de marzo, en una reunión en Caleta Olivia encabezada por los ministros de Energía y Minería y de Trabajo provincial, las empresas integrantes de la UTE —entre ellas Patagonia Resources— se comprometieron a no avanzar con nuevos despidos, presentar planes operativos y recuperar actividad. El Gobierno se comprometió a garantizar el cumplimiento.

Ese acuerdo también fue incumplido.

Nuevos despidos y audiencia sin resultados

El 7 de mayo la situación se agravó nuevamente cuando AESA notificó despidos a trabajadores que prestaban servicios en yacimientos operados por Patagonia Resources. El SIPGER declaró un paro general en las áreas de la operadora y exigió la retrotracción inmediata de las cesantías, calificando la medida como una nueva violación de la conciliación obligatoria vigente.

En la audiencia realizada el lunes 11 de mayo ante el Ministerio de Trabajo provincial, no se registraron avances concretos: los despidos no fueron revertidos y la discusión pasó a un nuevo cuarto intermedio.

"Ese recorrido confirma que Patagonia Resources no corrige su conducta ni siquiera con intervención de la autoridad laboral", señaló Güenchenen en el comunicado.

El Estado ya reconoció los incumplimientos

El SIPGER destacó que el propio Gobierno Provincial dejó asentado por escrito que Patagonia Resources incumplió compromisos contractuales, laborales y convencionales, y que el traspaso de trabajadores constituye una obligación jurídica exigible. En ese mismo pronunciamiento, la Provincia advirtió que, si la empresa persistía en esa conducta, avanzaría en la reversión del acuerdo y la quita del área concesionada.

El Ministerio de Trabajo también instruyó un sumario administrativo contra Patagonia Resources y AESA por obstrucción al proceso de conciliación obligatoria y violación de la paz social.

Una asamblea de 6.000 trabajadores y el antecedente SINOPEC

El 10 de abril, en una asamblea con la participación de 6.000 trabajadores, el gremio ratificó el mandato de exigir la reversión de las áreas frente a toda empresa que avance sobre puestos de trabajo, y resolvió a mano alzada el inicio de un plan de lucha con paro general por tiempo indeterminado.

En su comunicado, Güenchenen trazó un paralelo directo con el conflicto que el sindicato mantuvo oportunamente con SINOPEC: empresas que reciben yacimientos en producción, prometen inversión, dilatan la actividad y descargan el costo sobre los trabajadores.

"Santa Cruz ya conoce este camino", advirtió el dirigente.

La posición del gremio

El SIPGER reclamó cuatro puntos concretos: reversión inmediata de las áreas, reincorporación de los trabajadores despedidos, cumplimiento estricto de la conciliación obligatoria y actividad real en los yacimientos.

"Las áreas estratégicas tienen que estar en manos de operadoras que produzcan, inviertan y respeten el trabajo. Si el propio Gobierno Provincial ya dejó asentado que no habrá tolerancia frente a conductas que afecten derechos laborales o incumplan planes de inversión, entonces la consecuencia tiene que ser inmediata", concluyó Güenchenen.