La imparable producción de hidrocarburos en Vaca Muerta sigue siendo un orgullo para la industria energética argentina. Pero como toda medalla, tiene su reverso: una acumulación preocupante de residuos sólidos y líquidos que evidencia la fragilidad de un sistema de gestión con normas anacrónicas, una burocracia lenta y una escasa voluntad política para abordar el problema.
Actualidad20/12/2024
Desafío Energético
Con una proyección estimada por la Fundación Contactos Energéticos del 37% en etapas de fractura para 2025, el panorama se complica aún más, amplificando los riesgos sociales, ambientales y económicos que hoy ya asoman como señales de alerta.
Los desafíos
La situación actual está lejos de ser controlada, y los discursos optimistas que prometen soluciones parecen más un ejercicio de relaciones públicas que un reflejo de la realidad.
Por más que se promuevan proyectos de economía circular y reutilización de residuos, el escepticismo es justificado: las iniciativas presentadas llevan meses esperando aprobación, y no hay señales claras de un cambio estructural en la gestión del problema. La falta de incentivos económicos y una respuesta burocrática ineficaz parecen condenar a estas propuestas a quedar como buenas intenciones en el papel.
Proyección a 2025: un sistema al borde del colapso
Si en 2024 el sistema de gestión de residuos ya muestra grietas profundas, el escenario para 2025, con una actividad (proyectada por consultoras) incrementada entre un 30 y un 40%, anticipa un colapso inminente:
A pesar del escepticismo, hay pasos claros que podrían marcar una diferencia si se toman con rapidez y decisión:
¿Oportunidad o bomba de tiempo?
El incremento proyectado para 2025 puede ser una oportunidad para demostrar que Vaca Muerta no solo lidera en producción, sino también en sostenibilidad. Sin embargo, si persisten la inacción y las prácticas actuales, la región se convertirá en un ejemplo de lo que no debe hacerse.
En este contexto, el escepticismo no solo es saludable, sino necesario. Si el sistema no se reforma con urgencia, se gestiona el tema ambiental con políticas de estado y funcionarios con conocimiento y capacidad resolutiva, el 2025 podría ser el año en que Vaca Muerta pase de ser el motor energético de Argentina a un símbolo de las consecuencias de priorizar la producción y la ecuación económica sobre la sostenibilidad y el bienestar social.
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El Foro en Defensa de los Ríos advierte que el acuerdo por la reprivatización de las represas en Neuquén y Río Negro no incorpora beneficios reales para las provincias, cuestiona su legalidad y alerta sobre los riesgos en materia de soberanía, seguridad hídrica y participación ciudadana.
En su paso por Desafío Energético en Canal 7 de Neuquén, el presidente del Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN), Mario Moya, repasó una agenda amplia que va desde el reemplazo masivo de luminarias públicas hasta programas de incentivo para la agroindustria, pasando por debates sobre tarifas, licitaciones y el rol social de la empresa.
El 13 y 14 de agosto, la UTN Facultad Regional Neuquén y el Municipio de Cutral Co reunirán a estudiantes avanzados, graduados, docentes, autoridades y empresas de todo el país en el primer Congreso Nacional “Próxima Generación UTN: Energía y Futuro en Vaca Muerta”. El evento buscará vincular la academia con la industria, promover perfiles integrales y debatir sobre desarrollo energético, sustentabilidad y nuevas oportunidades laborales.
Tras semanas de tensión y un paro que afectó la logística de Vaca Muerta, la Subsecretaría de Trabajo de la provincia del Neuquén logró encauzar las negociaciones entre el sindicato de Camioneros y las operadoras petroleras que mantenían deudas con la empresa NRG, encargada del suministro de arena para fractura hidráulica.
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La Angostura, concesión no convencional superpuesta al histórico yacimiento de Loma La Lata, fue otorgada a YPF pese a décadas de contaminación sin saneamiento, agua subterránea con hidrocarburos, pozos y ductos sin ser abandonados, inyección de agua sin previo tratamiento, dádivas en reemplazo de indemnización por servidumbre y decenas de expedientes ambientales administrativos irresueltos. Todo ello en abierta contradicción con la Ley 3401 de consulta previa a la Comunidad Mapuche Kaxipayiñ, que desde 2002 mantiene un juicio por daños en la justicia federal.
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