En la Argentina Oil & Gas 2025, el IAPG organizó una conferencia sobre transparencia en las industrias extractivas, destacando el valor de los datos abiertos, la cooperación multisectorial y la participación comunitaria. Aunque los avances son claros, persiste un desafío central: cómo transformar la comunicación empresarial en un proceso de diálogo genuino con la sociedad y no solo en un recurso retórico para garantizar la llamada “licencia social”.
Actualidad13/09/2025
Desafío Energético
Un debate central para el futuro del sector: El último día de la Expo Argentina Oil & Gas 2025 tuvo como eje la conferencia “Transparencia en las industrias extractivas: el desafío de informar, dialogar y construir confianza”, donde participaron expertos, funcionarios y representantes de la sociedad civil. La elección del tema no fue casual: la legitimidad del sector hidrocarburífero, especialmente en un país con recursos como Vaca Muerta, depende no solo de los números de producción y exportación, sino también de la confianza social que logre sostener en el tiempo.
La transparencia, en este sentido, aparece como un imperativo que combina la publicación de datos abiertos, la participación comunitaria y la cooperación entre empresas, Estado y sociedad civil. Sin embargo, lo que a menudo se presenta como un consenso enfrenta un dilema de fondo: ¿hasta qué punto la transparencia se limita a un discurso de buena voluntad y en qué medida se traduce en prácticas efectivas de comunicación y diálogo con los territorios?
El marco institucional: EITI como referencia
El sistema EITI (Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas) fue el gran referente de la jornada. Este mecanismo, vigente en 54 países y con el apoyo de unas 60 compañías, constituye la única fuente sistemática y pública de información sobre ingresos fiscales del sector, contratos y beneficiarios reales.
Según explicó Carlos Freytes (Fundar), la Argentina incorporó progresivamente a varias provincias y, en 2025, Jujuy fue la última en sumarse. Este avance en la descentralización es relevante: el control social no se concentra únicamente en la Nación, sino que también llega a los niveles locales donde se desarrollan los proyectos.
El EITI, además, ha ampliado sus requisitos: no se limita a números fiscales, sino que ahora aborda temas de anticorrupción, género y transición energética, fortaleciendo la trazabilidad de los recursos y la gobernanza. En principio, un paso adelante.
El problema de hablar solo a técnicos
Uno de los momentos más lúcidos del encuentro lo protagonizó el subsecretario de Transición y Planeamiento Energético, Antonio Milanese, al señalar que la mayoría de quienes consultan los datos abiertos del sector son especialistas técnicos. “Es fundamental entender a quién nos dirigimos y adaptar la comunicación”, afirmó.
Aquí se esconde una de las paradojas centrales del discurso de la transparencia: publicar datos no garantiza que las comunidades comprendan su alcance ni que puedan usarlos para tomar decisiones informadas. Si la información se comunica en formatos inaccesibles, el efecto es casi el mismo que el del silencio.
La “opacidad técnica” puede transformarse en una nueva forma de exclusión: no se trata de ocultar datos, sino de presentarlos de manera que solo algunos puedan comprenderlos.
El peso económico como carta de legitimidad
En paralelo, se subrayó el aporte económico del sector. Luciano Codeseira (Fundar) detalló que en 2023 el petróleo y el gas aportaron casi el 4% del valor agregado nacional, generaron exportaciones por US$ 11.858 millones y contribuyeron con US$ 2.759 millones en ingresos fiscales, equivalente al 3,3% de los ingresos totales del Estado. A eso se suma el empleo formal de unos 70.000 trabajadores con salarios elevados.
Estos datos son incuestionables y muestran el peso macroeconómico del sector. Sin embargo, la insistencia en este tipo de cifras suele funcionar como argumento de legitimación, casi como si el aporte fiscal y el empleo fueran suficientes para garantizar la confianza social. La pregunta que queda flotando es: ¿alcanza con mostrar números para sostener la licencia social, o se requiere un esfuerzo más profundo en términos de comunicación y diálogo?
Las comunidades piden más que cifras
Representantes provinciales y de organizaciones de la sociedad civil hicieron hincapié en la necesidad de vincular la transparencia con beneficios concretos para los territorios.
Mario Figueroa (Secretaría de Energía de Río Negro) destacó que la sistematización de datos debe traducirse en previsibilidad y bienestar local: “La transparencia debe acompañarse de diálogo y construcción social para que los beneficios económicos se traduzcan en bienestar”.
Noel Alonso Murray (Directorio Legislativo) insistió en que la comunicación debe ser clara y contextualizada, para que las comunidades puedan entender los impactos y participar en la toma de decisiones.
Este punto es crucial: si los datos no se explican, si no se bajan al territorio, la transparencia termina siendo un ejercicio burocrático y no un instrumento de participación democrática.
El sector empresarial y la narrativa de la licencia social
El representante de Total Energies, Adriano D’Agostino, vinculó la transparencia con la simplificación tributaria y la adhesión a procesos institucionalizados: “La colaboración entre Estado, empresas y sociedad civil es la clave para un desarrollo sostenible”, sostuvo.
El discurso empresarial, en este sentido, es claro: la transparencia es un requisito para sostener la “licencia social” que les permite operar. Sin embargo, la práctica muestra que la relación con las comunidades suele estar marcada por conflictos, desconfianza y reclamos ambientales o sociales no resueltos.
Aquí surge una crítica inevitable: cuando la transparencia se concibe como una estrategia de reputación y no como un compromiso real de diálogo, la distancia entre empresas y ciudadanía se amplía en lugar de reducirse.
De la retórica a la pedagogía de la transparencia
La conferencia del IAPG en la AOG 2025 reflejó avances institucionales en materia de apertura de datos y gobernanza. Pero también dejó en evidencia que la confianza no se construye únicamente con informes ni con cifras millonarias, sino con procesos de comunicación genuinos, claros y bidireccionales.
La verdadera transparencia no es solo publicar información, sino hacerla comprensible, debatible y útil para las comunidades. Sin esa traducción pedagógica, el riesgo es que la transparencia se convierta en un ejercicio retórico para auditorios especializados y no en una herramienta de empoderamiento ciudadano.
En definitiva, el desafío no es solo abrir datos: es abrir el diálogo. Y allí está la frontera que las empresas todavía no terminan de cruzar.
Fuente: DIARIO DE LA AOG / XV ARGENTINA OIL&GAS EXPO 2025
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