La postal es conocida y repetida. Aumentan los despidos, crece el malestar en las bases, los sindicatos amenazan con un paro, y el Estado interviene de apuro. Esta vez, el escenario es el corazón productivo del país: Vaca Muerta. Y el conflicto, lejos de ser menor, revela las fisuras de un modelo que promete récords y futuro, mientras deja en el camino miles de trabajadores, en el mejor de los casos, en suspenso.
Actualidad29/07/2025
Desafío Energético
El Ministerio de Capital Humano de la Nación, a través de la Secretaría de Trabajo, dictó este la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa. La medida —difundida mediante un comunicado oficial— rige desde las 9:00 del martes 30 de julio y obliga al gremio a levantar el paro de 48 horas anunciado, a cambio de una promesa de diálogo que en la práctica se parece mucho a ganar tiempo para evitar costos económicos mayores.
Los hechos detrás del papel
El detonante fue concreto: más de 1.200 despidos y al menos 2.000 suspensiones en empresas de servicios petroleros que operan en la Cuenca Neuquina. A pesar de los récords de producción celebrados por el sector y por el propio Gobierno, el recorte de personal —muchos cobrando sólo el básico y sin tareas asignadas— encendió todas las alarmas sindicales.
El gremio, conducido por Marcelo Rucci, (que acaba de revalidar su conducción en elecciones de lista única) decidió entonces avanzar con una huelga de 48 horas que iba a comenzar este mismo miércoles a las 20 hs. La medida amenazaba con detener la producción en una de las zonas más sensibles de la economía nacional. Fue entonces que el Estado actuó con inusitada rapidez: conciliación obligatoria, freno a toda medida de fuerza y mesa de negociación forzada.
La retórica de la paz social
Desde el ministerio que conduce Sandra Pettovello se apeló al manual clásico: preservar la paz social, garantizar la continuidad del servicio, asegurar la producción en una actividad estratégica. Todo en nombre del bien común. Pero hay un dato que no encaja: ¿puede haber paz social si el costo lo pagan siempre los mismos?
En el comunicado oficial se menciona a Vaca Muerta como “actividad estratégica para el país”. Nadie lo duda. Lo que no se dice es que ese carácter estratégico es utilizado una y otra vez como argumento para frenar el derecho a la protesta, mientras las operadoras ajustan personal, postergan pagos o recortan servicios.
La paradoja es brutal: se bate récord de producción, pero se despide como si hubiera crisis. Se promete desarrollo, pero se precariza la base laboral que lo hace posible. Parece ser que el mensaje es que los trabajadores deben prepararse para aceptar la precarización como modelo, y la pregunta es, si los sindicatos darán la pelea para detenerla o se someterán.
Demoras que duelen
Pero también hay que mirar hacia adentro del sindicato. Porque los números de despidos y suspensiones que hoy se denuncian no aparecieron de la noche a la mañana. Se fueron acumulando durante meses, en un goteo sistemático que fue cambiando el mapa laboral de Vaca Muerta mientras el sindicato parecía mirar hacia otro lado o actuar con una cautela que hoy se transforma en urgencia. La reacción gremial llegó cuando la olla ya estaba por estallar, y eso deja en evidencia que, al igual que las empresas y el Estado, el sindicato también debe revisar su responsabilidad en la demora para proteger a los trabajadores.
Los silencios que también son datos
Llama la atención —aunque ya no sorprende— el silencio de las grandes operadoras. YPF, Tecpetrol, Total, Shell, entre otras, participaron de reuniones en Buenos Aires que no llegaron a ningún acuerdo. ¿Cuál fue su postura? ¿Qué propusieron para evitar este escenario? Nada se sabe. Y tal vez ese sea el problema: en el modelo actual de Vaca Muerta, las decisiones estructurales se toman a puertas cerradas dentro de las empresas, y el resto —Estado, gremios, sociedad— queda relegado al rol de espectadores o, con suerte, de bomberos.
En paralelo, el gobierno provincial también eligió el bajo perfil. El conflicto amenaza con paralizar buena parte del motor económico neuquino, pero no hubo hasta ahora una postura clara del gobernador o sus ministros. Como si la defensa del empleo no fuera parte de la defensa del proyecto productivo de La Neuquinidad.
¿Conciliación o apagón?
En las próximas dos semanas, la actividad debería desarrollarse con normalidad mientras las partes negocian. Pero el conflicto no está resuelto. Está congelado. Y el dato más preocupante es que no se trata de un caso aislado: el clima de tensión entre gremios y empresas se ha vuelto crónico en Vaca Muerta. Porque detrás del discurso de los “desarrollos estratégicos”, hay trabajadores en carne y hueso que quedan afuera del relato. Sumado a esto la gran cantidad de trabajadores que llegan de otras provincias y países que ocupan puestos de trabajo que podrían (y deberían) ser para los locales, algo que se promociona gubernamentalmente pero que en la práctica las empresas no acatan.
La conciliación obligatoria puede evitar una crisis hoy, pero no construye futuro si no hay voluntad de revisar el modelo completo. Un modelo donde los récords productivos no pueden ser excusa para invisibilizar la conflictividad creciente, ni para seguir tratando al trabajo como un recurso prescindible.
La paz social no se decreta: se construye. Y eso implica asumir que el desarrollo real no se mide solo en barriles por día ni en metros cúbicos, sino en puestos de trabajo sostenidos, condiciones dignas y respeto. Todo lo demás es cartón pintado.
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YPF, junto a Vista, Shell y Equinor, garantizó el envío de 70.000 barriles diarios de crudo a través del Oleoducto Trasandino en un contrato de ocho años con la estatal chilena ENAP
Brasil, Guyana y Argentina se consolidan como el principal motor de crecimiento petrolero fuera de la OPEP+, pero el mundo enfrenta un escenario de sobreoferta, altos inventarios y un precio del crudo cada vez más presionado.
Se utilizará la capacidad ociosa del sistema nacional durante los meses de verano para transportar gas desde Vaca Muerta y exportarlo a través de un buque licuefactor en el puerto platense.
La Cooperativa CALF procedió durante el fin de semana a realizar el recambio de 277 medidores en el barrio Santa Genoveva, uno de los barrios residenciales más importantes de la ciudad, instalándole a los usuarios medidores inteligentes.
El consorcio cerró un compromiso de venta de 2 millones de toneladas anuales durante ocho años. Será el mayor contrato de exportación de GNL desde Argentina y consolida el rol de Río Negro como nodo estratégico para 2027. Southern Energy, el consorcio creado para exportar el gas de Vaca Muerta desde la costa de Río Negro, firmó un acuerdo marco con la empresa estatal alemana SEFE – Securing Energy for Europe, que establece un compromiso de venta de 2 millones de toneladas de GNL por año durante ocho años. Por su volumen y vigencia, se trata de la mayor operación de exportación de Gas Natural Licuado realizada por Argentina. El acuerdo —rubricado por Rodolfo Freyre, presidente del consorcio, y Frédéric Barnaud, director comercial de SEFE— prevé que los envíos comiencen a fines de 2027, en paralelo con la puesta en marcha del buque de licuefacción Hilli Episeyo, el primero de los dos barcos que Southern Energy instalará en el Golfo San Matías. Un contrato que anticipa el ingreso de Argentina al mercado global de GNL El entendimiento firmado funciona como un Heads of Agreement (HoA), un paso previo al contrato definitivo de compraventa que ambas partes cerrarán en los próximos meses. La operación podría generar más de USD 7.000 millones en exportaciones a lo largo de su vigencia, sujeto a la evolución de los precios internacionales del gas.
Mientras el Gobierno nacional avanza en un nuevo esquema de subsidios que dejará sin bonificación a 140.000 familias de ingresos medios y elevará las tarifas en plena etapa de alta demanda, Formosa sostiene el subsidio “Esfuerzo Formoseño”, que permite que el 90% de los usuarios residenciales mantenga una de las tarifas eléctricas más bajas del país, aún en un contexto de aumentos superiores al 270% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
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