Desafío EnergéticoLa discusión sobre el estrecho de Ormuz suele comenzar por los petroleros, pero el conflicto entre Estados Unidos e Irán está revelando otra vulnerabilidad que hasta hace pocos meses permanecía relegada en el análisis internacional.
Debajo de ese paso marítimo atraviesan sistemas de fibra óptica que forman parte de la infraestructura física sobre la que funcionan las comunicaciones digitales del Golfo Pérsico. Por ellos circulan servicios de Internet, comunicaciones empresariales y gubernamentales, información de centros de datos y también operaciones financieras, de manera que una interrupción importante podría transformar una crisis militar y energética en un problema directamente conectado con el funcionamiento de la economía digital.
TeleGeography identifica actualmente tres grandes sistemas submarinos activos atravesando Ormuz: Asia Africa Europe-1 —AAE-1—, FALCON y Gulf Bridge International Cable System —GBI—. Los tres forman parte de redes mucho mayores que enlazan países del Golfo con Asia, África y Europa, por lo que su relevancia no debe medirse solamente por la cantidad de cables sino por la concentración geográfica de infraestructura crítica dentro de una zona sometida a operaciones militares.
Las redes internacionales poseen redundancias y rutas alternativas, por lo que el corte de estos sistemas no apagaría Internet mundial, pero una interrupción simultánea podría reducir capacidad, aumentar la congestión y degradar especialmente la conectividad de las economías situadas dentro del Golfo.
Lo que convierte hoy a esa posibilidad en algo más serio que una especulación técnica es el comportamiento previo de Irán. El 22 de abril, Tasnim, medio estrechamente vinculado a la Guardia Revolucionaria, difundió mapas de los cables submarinos y de parte de la infraestructura cloud y de centros de datos de los países ubicados sobre la costa meridional del Golfo.
La publicación ponía atención sobre Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahréin, Kuwait y Arabia Saudita y señalaba la dependencia que estas economías han desarrollado respecto de la conectividad submarina, justamente cuando varias de ellas intentan transformarse en polos financieros, tecnológicos y logísticos de alcance mundial.
La señal se volvió todavía más significativa el 19 de agosto, cuando el Financial Times informó, citando a personas próximas al poder iraní, que las fuerzas de Teherán habían estudiado diferentes respuestas para el caso de una nueva escalada estadounidense. Entre esas opciones figuraban blancos estadounidenses fuera de Medio Oriente y, específicamente, la posibilidad de atacar infraestructura crítica como los cables submarinos de fibra óptica de Ormuz. El dato no equivale a una orden militar ni permite afirmar que el ataque vaya a producirse, pero demuestra que esa infraestructura habría ingresado en el abanico de represalias contempladas por Irán.
Para comprender la gravedad de esa posibilidad conviene observar qué instrumentos conserva Teherán antes de llegar a una decisión semejante. Reuters identifica varias alternativas que Irán todavía puede utilizar para aumentar el costo de la guerra sin atacar directamente la infraestructura submarina: endurecer todavía más las restricciones al tránsito por Ormuz, ampliar la presión sobre buques comerciales, atacar instalaciones militares estadounidenses o infraestructura estratégica de países aliados, recurrir a capacidades cibernéticas y utilizar actores aliados de la región para extender la crisis hacia otros corredores, incluido el Mar Rojo.
La primera herramienta, además, ya está parcialmente utilizada. El tránsito por Ormuz permanece extremadamente deprimido y Teherán ha amenazado con detener completamente las exportaciones petroleras que utilizan el estrecho. Reuters señala que Irán incluyó a decenas de petroleros en listas de buques considerados en incumplimiento de las reglas que pretende imponer sobre la navegación, mientras los movimientos comerciales continúan muy por debajo de los niveles anteriores al conflicto.
Este instrumento tiene para Teherán una ventaja evidente: permite ejercer presión sobre el precio del petróleo y sobre las economías del Golfo sin necesidad de atacar inmediatamente infraestructura digital cuya destrucción también podría perjudicar a Irán.
Una segunda posibilidad consiste en ampliar los ataques contra infraestructura energética, portuaria o de servicios esenciales de Estados aliados de Washington. Reuters señala que entre los escenarios de escalada se encuentran instalaciones petroleras y gasíferas del Golfo, además de infraestructuras particularmente sensibles para la región, como generación eléctrica o plantas de desalinización. La importancia de estas últimas es difícil de exagerar: varios Estados del Golfo dependen enormemente de la desalinización para el abastecimiento de agua potable, de modo que cualquier ataque sobre esos sistemas elevaría inmediatamente el costo político y humanitario del conflicto.
La tercera carta es directamente militar y tampoco es hipotética. Irán conserva capacidad de misiles y drones y durante estos meses ya atacó posiciones estadounidenses y objetivos vinculados con la guerra. Reuters informó en julio una nueva ronda de ataques estadounidenses después de lanzamientos iraníes contra fuerzas norteamericanas, mientras el Financial Times sostiene que Teherán ha estudiado incluso blancos estadounidenses en zonas de Europa sudoriental si Washington profundiza la campaña.
Esto significa que antes de recurrir a los cables existe todavía una escalera convencional de represalias que incluye bases, activos militares y objetivos regionales.
Existe además el frente cibernético, probablemente uno de los instrumentos más atractivos para una estrategia de respuesta asimétrica porque permite causar perturbaciones significativas sin cruzar inmediatamente el umbral de una gran ofensiva convencional. Reuters señala antecedentes y capacidades iraníes para realizar operaciones contra sistemas eléctricos, agua e infraestructura tecnológica, mientras gobiernos occidentales han atribuido actividades disruptivas recientes a actores relacionados con Teherán. En una escalada gradual, el ciberespacio ofrece por lo tanto una herramienta intermedia entre la presión económica o marítima y el ataque físico contra infraestructura crítica.
Finalmente existe todavía la vía diplomática y económica, aunque su margen parece reducirse. El problema es que el conflicto lleva cerca de seis meses y las negociaciones han sufrido sucesivas rupturas. Reuters informó el 18 de agosto que Donald Trump sostuvo que no existían conversaciones previstas con Irán, mientras Teherán insistía en que Ormuz continuaría cerrado mientras no fueran atendidas demandas que incluyen alivio de sanciones y acceso a activos congelados. Ese agotamiento de los canales de negociación es precisamente lo que vuelve más preocupante la aparición de escenarios de represalia cada vez más agresivos.
Irán no está evaluando estas respuestas en un vacío. Estados Unidos mantiene un bloqueo naval que, según el Financial Times, está provocando graves dificultades de abastecimiento interno, mientras los ataques dañaron parte de la capacidad de refinación iraní y contribuyeron a una escasez estimada en unos 15 millones de litros diarios de combustible. La presión económica interna es igualmente severa: el periódico británico describe una inflación cercana al 90%, una fuerte depreciación del rial y largas filas en estaciones de servicio, un cuadro que obliga al gobierno iraní a administrar simultáneamente el costo de la guerra, el deterioro económico y el riesgo de descontento social.
Sobre ese escenario, Washington lanzó el 24 de agosto Operation Economic Outcast, definida por la propia Casa Blanca como una campaña destinada a cortar las conexiones económicas que todavía sostienen a Irán. El plan amplía la amenaza de sanciones hacia activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo, mientras el secretario del Tesoro Scott Bessent advirtió que países y empresas que continúen determinadas relaciones con Teherán podrían exponerse a quedar fuera del sistema financiero basado en el dólar.
La ofensiva todavía conserva límites importantes. Washington evitó por ahora sancionar directamente a algunas de las grandes instituciones financieras chinas que permiten mantener parte del comercio iraní, mientras Pekín ya advirtió que podría responder si las medidas afectan seriamente sus empresas. China compra una proporción dominante del petróleo que todavía exporta Irán, por lo que una aplicación extrema de sanciones secundarias podría transformar una guerra estadounidense-iraní en un problema económico mucho más amplio entre Washington y Beijing.
Esto ayuda a comprender la lógica estratégica que puede empujar a Irán hacia respuestas asimétricas. Si Washington consigue reducir progresivamente las exportaciones, dificultar el acceso a divisas, bloquear puertos, degradar infraestructura y castigar a los países que mantienen negocios con Teherán, las herramientas convencionales de presión iraní comienzan a perder efectividad. El riesgo aparece cuando el liderazgo iraní concluye que cerrar parcialmente Ormuz, lanzar ataques limitados, utilizar aliados regionales o recurrir a operaciones cibernéticas ya no es suficiente para aumentar el costo que soportan Estados Unidos y sus socios.
Los cables submarinos aparecen entonces no como la primera opción, sino como una de las últimas escalas antes de una expansión mucho más difícil de controlar.
El atractivo estratégico de esa infraestructura reside precisamente en su enorme importancia económica. Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y Bahréin han destinado miles de millones de dólares a centros de datos, inteligencia artificial, servicios financieros, plataformas digitales y servicios cloud, mientras Dubai y Abu Dhabi se consolidaron como nodos globales para empresas, inversiones y logística. Todas esas actividades necesitan conexiones internacionales de gran capacidad y baja latencia, y por eso una pérdida simultánea de varios sistemas submarinos podría generar congestión, mayores tiempos de respuesta y degradación de servicios mucho antes de producir un hipotético apagón total.
Uno de los sectores más expuestos sería el financiero, no porque los cables transporten físicamente dinero sino porque prácticamente todo el sistema moderno de pagos y mercados funciona mediante intercambio de información. Órdenes de compraventa, transferencias bancarias, liquidaciones comerciales, contratos de energía, operaciones de futuros y comunicaciones entre entidades financieras dependen de redes digitales que deben funcionar permanentemente. Las rutas alternativas permitirían mantener buena parte de esas actividades, pero cuando varias conexiones desaparecen simultáneamente aumentan la latencia, el riesgo operacional y los costos de contingencia, factores que en mercados electrónicos tienen rápidamente un valor económico.
La reparación durante una guerra agregaría otra dificultad. Un buque cablero necesita localizar el punto exacto del daño, recuperar el cable desde el fondo y permanecer durante horas o días prácticamente inmóvil mientras trabaja. TeleGeography advierte que ejecutar esas operaciones dentro de una zona sometida a hostilidades sería especialmente complejo, de manera que un daño que en condiciones normales podría resolverse relativamente rápido podría permanecer sin reparación si los técnicos no reciben garantías para ingresar al área.
La situación energética seguiría actuando como enorme multiplicador del impacto. Ormuz funciona actualmente con una fracción de su tránsito habitual y Reuters sigue describiéndolo como prácticamente cerrado para buena parte del comercio, mientras el petróleo conserva una elevada prima de riesgo pese a que los mercados reaccionaron con cierta moderación al anuncio de nuevas sanciones estadounidenses. El Brent descendió el 25 de agosto hasta alrededor de 89 dólares, precisamente porque los inversores interpretaron que Washington había optado, al menos temporalmente, por aumentar la presión económica antes que lanzar otra escalada militar inmediata.
Una crisis de los cables ocurriría, por lo tanto, sobre un sistema regional que ya opera bajo fuertes restricciones marítimas, seguros extraordinariamente costosos y cadenas energéticas perturbadas.
La combinación sería inédita: dificultades para transportar petróleo, gas y mercaderías mientras simultáneamente se degradan las comunicaciones necesarias para contratar esos cargamentos, asegurarlos, financiarlos, seguirlos en tiempo real y operar los mercados donde se fija su precio. La gravedad del escenario no proviene de un eventual “apagón mundial de Internet”, sino de la posibilidad de superponer un shock digital sobre otro energético y logístico que ya está ocurriendo.
En Argentina el impacto inicial probablemente se expresaría en los mercados antes que en las telecomunicaciones. Una agresión contra infraestructura digital estratégica incrementaría de manera inmediata la percepción global de riesgo y podría provocar movimientos hacia activos refugio, mayor volatilidad cambiaria y bursátil y encarecimiento del financiamiento. Para un país que necesita capital internacional para infraestructura, energía y producción, un aumento de la aversión global al riesgo puede traducirse en mayores costos aunque ningún cable que conecta directamente a la Argentina haya sido dañado.
Vaca Muerta merece una consideración particular porque está cada vez más integrada a cadenas industriales, financieras y tecnológicas internacionales. Las operadoras utilizan sistemas de telemetría, software de perforación, mantenimiento predictivo, infraestructura cloud y centros corporativos distribuidos en distintos países, mientras dependen además de equipos, componentes y servicios importados.
No existe una dependencia directa entre un pozo de Añelo y los cables de Ormuz, pero sí existe dependencia de la red económica global que esos sistemas ayudan a sostener.
Paradójicamente, un agravamiento de la crisis podría mejorar el precio internacional del crudo exportado desde Neuquén y simultáneamente empeorar muchas de las condiciones necesarias para aumentar la producción. El barril podría valer más mientras suben el costo del crédito, los seguros, el transporte, los equipos importados y determinadas tecnologías. Para una formación cuya expansión depende de inversiones multimillonarias sostenidas durante años, el segundo efecto puede resultar tan importante como el primero.
Irán todavía dispone de herramientas antes de atacar los cables. Puede profundizar la presión marítima en Ormuz, ampliar sus acciones militares contra activos estadounidenses, atacar infraestructura regional, incrementar operaciones cibernéticas, utilizar aliados para extender el costo de la guerra hacia otros corredores y mantener abierta alguna posibilidad de negociación. Reuters considera precisamente ese conjunto de instrumentos al analizar qué opciones conserva Teherán frente a la nueva ofensiva económica estadounidense.
El riesgo consiste en que varias de esas herramientas ya están siendo utilizadas y ninguna logró hasta ahora modificar sustancialmente la estrategia de Washington. El conflicto lleva aproximadamente seis meses; Estados Unidos mantiene ataques y bloqueo, la economía iraní está bajo una presión extraordinaria y la Casa Blanca acaba de anunciar que pretende profundizar todavía más el aislamiento financiero del país. Desde la perspectiva iraní, el espacio entre aceptar las condiciones estadounidenses y ampliar el costo de la guerra empieza, por lo tanto, a reducirse.
Eso no significa que Teherán vaya a atacar la infraestructura submarina. Sería una acción de consecuencias imprevisibles que también podría perjudicar intereses propios y de países con los cuales Irán procura mantener relaciones. Pero explica por qué resulta preocupante que los cables ya aparezcan dentro de los escenarios analizados por sus fuerzas armadas.
Hasta ahora el mundo ha seguido esta guerra mirando el cielo para detectar misiles y drones y observando la superficie de Ormuz para contar petroleros. Si la presión continúa aumentando, quizá deba comenzar a mirar también unos metros debajo del agua.
Porque allí no circula petróleo, pero circula algo igualmente indispensable para la economía contemporánea: la información que permite mover el dinero, controlar las empresas, operar los mercados y administrar la propia energía.
Y cuando un país sometido a una creciente presión militar y económica comienza a considerar esa infraestructura como parte de su respuesta, el riesgo deja de ser exclusivamente tecnológico y pasa a convertirse en un problema económico global.
A la hora de medir hasta dónde puede escalar esta confrontación tampoco puede ignorarse el antecedente con el que comenzó la guerra. El 28 de febrero, una escuela primaria de Minab en la que estudiaban mayoritariamente niñas fue destruida durante la ofensiva estadounidense-israelí; investigaciones posteriores de Reuters, AP y Amnesty International reunieron evidencias que apuntan a un ataque estadounidense y al empleo de misiles Tomahawk.
Ese mismo día fue asesinado el líder supremo iraní Ali Khamenei y parte de su familia en un ataque contra una reunión de la conducción del país, después de que la CIA hubiera seguido sus movimientos durante meses y lograra establecer que estaría en ese lugar, información que fue compartida con Israel y permitió adelantar la operación.
Estos antecedentes ayudan a comprender por qué Teherán observa hoy con enorme desconfianza cualquier nueva presión militar o negociación impulsada por Washington y por qué, ante una escalada que considere existencial, puede terminar evaluando respuestas cada vez más asimétricas y peligrosas para una infraestructura global que excede ampliamente a los dos países enfrentados.
