Transporte eléctrico: el cuello de botella que vuelve a poner en pausa a Vaca Muerta

La ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica volvió al centro de la agenda energética nacional, aunque no por un anuncio de obras concretas sino por la vía normativa. A través del Decreto 921/2025, el Poder Ejecutivo habilitó formalmente un régimen de concesiones privadas para ejecutar obras consideradas “prioritarias”, bajo el paraguas de la emergencia energética vigente.

La decisión reconoce, sin decirlo explícitamente, un problema que el sector arrastra desde hace años: la infraestructura eléctrica no acompaña el ritmo de crecimiento de la producción, especialmente en regiones donde la actividad hidrocarburífera y la generación de energía crecen muy por encima del promedio nacional.

Un modelo que acelera, pero concentra decisiones

El decreto no detalla nuevas líneas, estaciones transformadoras ni plazos de ejecución. Lo que hace es poner en marcha el andamiaje legal para que esas obras puedan ser licitadas y ejecutadas por capitales privados, bajo el régimen de concesión de obra pública.

El Estado nacional se corre del rol de ejecutor y asume una función regulatoria: define prioridades, arma los pliegos, convoca licitaciones y adjudica contratos. El financiamiento, la construcción, la operación y el mantenimiento quedan en manos privadas, con mecanismos de repago previstos en la normativa vigente.

El mensaje político es claro: sin margen fiscal y con urgencias estructurales, la infraestructura energética se empuja desde el mercado. El interrogante es quién define las prioridades territoriales y con qué criterios.

Neuquén: energía récord, infraestructura al límite

Para provincias como Neuquén, el alcance del decreto no es menor. El crecimiento sostenido de Vaca Muerta no solo exige ductos para petróleo y gas: requiere un sistema eléctrico robusto, capaz de abastecer operaciones cada vez más intensivas en consumo energético y, al mismo tiempo, evacuar nueva generación.

Hoy, buena parte del sistema de transporte eléctrico del Comahue opera cerca de su límite técnico. La saturación de líneas y nodos no es una amenaza futura: es una restricción presente que ya condiciona proyectos industriales, desarrollos urbanos y nuevas inversiones.

En este contexto, la ampliación del sistema eléctrico aparece como una condición necesaria para sostener el crecimiento de Vaca Muerta, aunque el decreto no garantiza que las obras priorizadas respondan efectivamente a las necesidades de la región.

El riesgo del “orden de llegada”

Uno de los puntos más sensibles del nuevo esquema es que las prioridades quedan atadas a decisiones centralizadas, sin un mecanismo explícito de participación provincial o regional.

En un país con fuertes asimetrías territoriales, existe el riesgo de que las obras avancen donde el negocio es más rentable o más inmediato, y no necesariamente donde el impacto productivo y social es mayor. Para Neuquén, que aporta divisas, empleo y crecimiento al conjunto del país, la pregunta es inevitable:
¿la ampliación del transporte eléctrico acompañará el desarrollo de Vaca Muerta o volverá a llegar tarde?

Emergencia energética y planificación ausente

El decreto se apoya en la prórroga de la emergencia energética, un recurso que permite acelerar decisiones pero también debilita la planificación de largo plazo. No hay, al menos en este instrumento, una visión integral del sistema eléctrico nacional ni una hoja de ruta pública que articule generación, transporte, distribución y desarrollo regional.

La paradoja es evidente: mientras se habla de transición energética, industrialización y exportaciones récord, la infraestructura básica sigue resolviéndose en modo parche, empujada por la urgencia más que por una estrategia.

Una oportunidad que no debería desperdiciarse

La ampliación del sistema de transporte eléctrico es imprescindible. Sin ella, no hay Vaca Muerta a plena capacidad, ni transición energética posible, ni desarrollo federal sostenible.

El desafío no es solo atraer inversión privada, sino asegurar que esas inversiones respondan a un proyecto de país, y no únicamente a la lógica de rentabilidad inmediata. Para Neuquén y la región, el decreto abre una puerta. La pregunta es si detrás hay un camino claro o apenas un atajo.